El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil prepara el miércoles el juicio contra instigadores y mentores de la tentativa golpista que el 8 de enero cumplió dos años de ocurrir en las sedes capitalinas de los Tres Poderes.
En esa fecha de 2023, marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, insatisfechos con el resultado de las elecciones del año anterior, invadieron y saquearon el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Según la revista electrónica Consultor Jurídico, desde entonces, 898 acusados fueron criminalmente responsables, y hasta ahora, el Supremo se centró en los ejecutores del intento de golpe, no en los incitadores y guías de los actos antidemocráticos, lo cual debería cambiar en 2025.
En el tribunal superior se instauraron 15 investigaciones para determinar la conducta de los ejecutores, alentadores y financiadores de los episodios golpistas.
La tendencia, de acuerdo con ministros consultados por la publicación, es que las exploraciones de la Policía Federal (PF) concluyan y la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) presente denuncias contra los autores intelectuales del complot, que deben comenzar a analizarse este año.
Bolsonaro, miembros de su Gobierno (2019-2022) y empresarios figuran entre los que pueden ser juzgados criminalmente en 2025.
Tal juicio debe ser hecho por la primera corte, compuesta por los ministros Cristiano Zanin, Carmen Lucia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes y Flávio Dino.
En noviembre de 2024, un día después del ataque con bomba frente al STF, el ministro Luís Roberto Barroso, presidente del tribunal, afirmó que las pesquisas estaban cerca de la conclusión.
«Resulta un buen momento para que podamos concluir esta investigación, que es compleja, con muchos testigos. Hablé recientemente con el ministro Alexandre de Moraes y con el director general de la PF, y creo que estamos cerca del final para que ese material sea entregado a la PGR», refirió Barroso.
Con la indagación en sus manos, la Fiscalía debe decidir, posiblemente en febrero, si presenta una denuncia contra los acusados, pide más diligencias o archiva el caso.
La democracia ha madurado después de ser atacada por una campaña de permanente descrédito de las instituciones y falsas acusaciones de fraude electoral, dijo recientemente en la revista el ministro Luis Roberto Barroso, presidente del Supremo.
El sistema judicial brasileño fue esencial para demostrar que la democracia resistió al avance populista, extremista y autoritario, remarcó.
Dos años después del 8 de enero, la Corte Suprema declaró a 898 acusados criminalmente responsables, 371 de ellos con condenas a penas privativas de libertad y 527 con la aplicación de castigos alternativos.
Source: Prensa Latina
