El Comité Impulsor de la Justicia de Bolivia respaldó este viernes la decisión judicial que obliga a ex ministros del gobierno de facto (2019-2020) a permanecer recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro.
“Hemos sido notificados con un petitorio, un incidente de traslado propuesto por el señor Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en ese entendido, nos hemos opuesto a tal petitorio, teniendo en cuenta que la cárcel de Trinidad no brinda la seguridad como lo está haciendo el recinto de San Pedro”, aseguró el abogado Jorge Nina.
El letrado de la parte acusatoria explicó a la prensa que la autoridad jurisdiccional del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal evaluó el argumento presentado por la parte denunciante, y que los ex ministros no cumplieron con los requisitos para que se haga esta solicitud.
“Tal traslado tan solo puede darse en caso que peligre la vida de los internos, en ese entendido al no haber demostrado tales extremos el juez de la causa ha rechazado el incidente planteado y los señores Coímbra y Guzmán van a permanecer en el recinto penitenciario de San Pedro”, afirmó Nina.
Los ex ministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez resultaron aprehendidos el 12 de marzo de 2021 en Beni, acusados por terrorismo y conspiración en el caso denominado “Golpe de Estado I”, y desde entonces permanecen detenidos preventivamente.
En el contexto de este expediente se amplió la detención preventiva para Áñez, Coímbra y Guzmán hasta febrero de 2023.
La ex senadora se encuentra en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y sobre ella pesa una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en el caso denominado “Golpe de Estado II”.
En esta otra causa el tribunal la encontró culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes para imponerse al frente de la Cámara de Senadores primero, y posteriormente, de la jefatura de Estado.
Golpe de Estado I se inició por una denuncia de la ex diputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales de 2020.
En ese proceso penal figuran Áñez y los operadores políticos que facilitaron su acceso al mando del país altiplánico en noviembre de 2019.
Destacan entre ellos el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, quien negoció con los jefes policiales y militares para que respaldaran la acción golpista contra el ex presidente Evo Morales, según confesó en un vídeo el propio Camacho.
Source: Prensa Latina
