La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, ha prometido que el tribunal no cederá a la presión estadounidense después de que Washington impusiera sanciones a altos funcionarios de la corte por las investigaciones sobre los crímenes de guerra israelíes en Gaza.
“Nunca aceptamos ningún tipo de presión de nadie en cuestiones de interpretación del marco legal y la resolución de casos”, declaró la jueza Akane a las delegaciones de los 125 Estados miembros de la CPI el lunes, durante el primer día de la reunión anual de la institución.
A principios de este año, el presidente estadounidense Donald Trump sancionó a nueve miembros del personal de la CPI, incluidos seis jueces y el fiscal jefe, Karim Khan, por perseguir casos que involucran a funcionarios estadounidenses e israelíes.
Washington está considerando extender las sanciones a la corte en su conjunto.
La jefa de la CPI señaló que las sanciones, que incluyen la congelación de activos y la exclusión del sistema financiero estadounidense, han perturbado la vida familiar de algunos funcionarios afectados y han interrumpido sus transacciones financieras, incluso en los Estados miembros de la CPI en Europa.
Con sede en La Haya, la CPI atrajo la atención mundial en noviembre del año pasado al dictaminar que existían “motivos razonables” para concluir que el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, y su exministro de guerra, Yoav Gallant, tienen “responsabilidad penal” por “crímenes de guerra sistemáticos y crímenes contra la humanidad” en Gaza.
“Israel” ha asesinado hasta la fecha a más de 70.000 palestinos desde que inició la guerra genocida contra Gaza el 7 de octubre de 2023, antes de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego, negociado por EEUU, en la franja sitiada el pasado octubre.
El mes pasado, la CPI rechazó la apelación de “Israel” para rescindir las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. En un comunicado, el tribunal afirmó que la solicitud de “Israel” de apelar las órdenes “no es una cuestión apelable”.
EEUU ha impuesto previamente sanciones a funcionarios judiciales por su papel en una investigación sobre crímenes cometidos en Afganistán vinculados a acciones militares estadounidenses. Establecida en 2002, la CPI opera bajo un tratado que le otorga jurisdicción para juzgar genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Cabe destacar que ni “Israel” ni EEUU son miembros de la corte, que reconoce al Estado de Palestina como miembro y ejerce jurisdicción sobre las acciones en los territorios palestinos.
La corte no cuenta con fuerza policial y depende de los Estados miembros para ejecutar las órdenes de arresto.
Source: Press TV
