Human Rights Watch (HRW) afirmó el jueves que el desplazamiento forzado por las fuerzas israelíes de residentes de tres campos de refugiados en Cisjordania constituye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En un informe, la organización señaló que a 32.000 personas supuestamente desplazadas no se les ha permitido regresar a sus hogares, muchos de los cuales fueron demolidos deliberadamente por las fuerzas israelíes.
El informe de 105 páginas, titulado ““Todos mis sueños se han desvanecido”: El desplazamiento forzado de palestinos por Israel en Cisjordania”, detalla la “Operación Muro de Hierro”, una operación militar israelí en los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams que comenzó el 21 de enero de 2025, días después de que se anunciara un alto el fuego temporal en Gaza. “A principios de 2025, las autoridades israelíes desalojaron por la fuerza a 32.000 palestinos de sus hogares en campos de refugiados de Cisjordania, sin respetar las protecciones legales internacionales, y no les han permitido regresar”, declaró Nadia Hardman, investigadora principal de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch.
“Con la atención mundial centrada en Gaza, las fuerzas israelíes han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica en Cisjordania, actos que deben ser investigados y enjuiciados”, añadió.
HRW entrevistó a 31 refugiados palestinos desplazados de los tres campos y analizó imágenes satelitales y órdenes de demolición del ejército israelí, que confirman la destrucción generalizada. Los investigadores también analizaron y verificaron vídeos y fotografías de las operaciones militares israelíes.
La organización de derechos humanos recalcó que los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles del territorio ocupado, salvo temporalmente por razones militares imperativas o por la seguridad de la población.
“Los civiles desplazados tienen derecho a protección, alojamiento y a regresar tan pronto como cesen las hostilidades en la zona”, agregó. HRW afirmó que altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benyamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, deberían ser investigados por las operaciones en los campos de refugiados y debidamente procesados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“Los gobiernos deberían imponer sanciones selectivas y tomar otras medidas urgentes para presionar a las autoridades israelíes a que pongan fin a sus políticas represivas”.
Source: Diversas
