El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky, instó este jueves a realizar movilizaciones populares para apoyar la realización de un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En declaraciones a la emisora radial FutuRock, el también diputado del Frente de Todos (FdT) denunció los vínculos entre ese organismo, sectores opositores y grandes empresas como el Grupo Clarín y consideró necesario la realización de ese proceso.
La alineación entre esos poderes generó la proscripción política de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la detención durante siete años de la dirigente social Milagro Sala, indicó.
En un comunicado conjunto, la CTA, la CTA Autónoma, el Frente Sindical y la Corriente Federal de los Trabajadores respaldaron la solicitud del Gobierno de realizar un juicio de ese tipo contra la CSJ, al tiempo que defendieron la plena vigencia de la Constitución, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y humanos.
A inicios de este mes, el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores pidieron analizar al titular de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño de sus funciones.
En base a la petición de esas autoridades, los legisladores del FdT elaboraron un documento conformado por 410 páginas, el cual detallan las violaciones cometidas por los integrantes del máximo tribunal y proponen citarlos para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político que llevará adelante la investigación.
Ambos textos aseguran la existencia de “una inadmisible degradación institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Según explican, ello ocurrió principalmente por acciones de la CSJ como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La Corte también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Además, denuncian las negociaciones entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
A través de Robles, el presidente de la CSJ desarrolló operaciones políticas específicas, ejecutadas a través de fallos arbitrarios, añaden.
Por otra parte, aseguran que Rosatti diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la Corte; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración del mismo.
Source: Prensa Latina
