A una semana del inicio de 10 días de protestas antigubernamentales, las organizaciones sociales y el Gobierno de Perú, las primeras avanzan la preparación de las movilizaciones y el segundo medidas policiales.
Miembros del Comando Unitario de Lucha ratificaron el carácter ordenado y pacífico de las demostraciones, mientras el ministro del Interior Vicente Romero declaró que la Policía está desplegando todos sus recursos para dar seguridad a los manifestantes y a quienes se mantengan al margen de las protestas.
“Pero si hay muestras violentos, simplemente seremos fieros” y la Policía actuará conforme a sus normas y en cumplimiento de la ley, sostuvo, al dar por normalizado el país tras las protestas
El ministro y otros miembros del Gobierno resaltan, junto a ese tipo de declaraciones, referencias a la arenga de una integrante de remanentes de un grupo armado aislado en un agreste territorio, que llamó a “tomar las ciudades” durante las protestas.
Ex ministros del Interior y analistas políticos coinciden en descartar que ese grupo tenga capacidad de influencia sobre las organizaciones sociales que subrayan el carácter pacífico de las protestas y de la marcha a Lima a iniciarse el 17 de julio.
El Comando Unitario de Lucha que congrega a 46 representantes de organizaciones de todo el país, descarta por alarmista el nombre de “Toma de Lima” que dan el Gobierno y la prensa a la protesta y la llama “Jornada Nacional de Lucha” del 19 al 28 de julio.
Pese a ello, la televisión muestra entrenamientos policiales de operaciones contra manifestantes violentos y la Policía puso en marcha un plan de control estricto de viajeros que lleguen a Lima, los que serán identificados, grabados en vídeo en imagen y voz.
Destacados juristas y analistas políticos señalaron que se trata de acciones de amedrentamiento que atentan contra el derecho a la protesta que demanda la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones generales y una asamblea constiuyente, entre otros puntos.
En ese contexto, la prensa reveló que el Paramento de mayoría derechista analiza un proecto gubernamental que aumenta los años de cárcel por delitos bajo estado de emergencia -usualmente dictado ante protestas-, anular la etapa de investigación preliminar y juzgar sumariamente a los acusados de esas infracciones legales.
La ex presidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma señaló que las penas previstas son desproporcionadas respecto a las que se aplica a autores de delitos muy graves, como el de violación y limita el derecho del imputado a la defensa.
Agregó que es anti-constitucional pretender restringir el ejercicio de derechos como protestar, reunirse y de libre expresión, mientras el historiador José Ragas señaló que el proyecto quiebra el estado de derecho al afectar el derecho a la defensa y legaliza las detenciones masivas e indiscriminadas.
Por su parte, uno de los voceros del Comando Unitario de Lucha Jorge Pizarro señaló que el proyecto es parte de una “ruta dictatorial” y pretende intimidar a quienes quieran protestar.
Source: Prensa Latina
