La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, denunció este miércoles la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Mientras organizaciones sociales rechazaban la persecución en su contra, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la también titular del Senado a seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que Fernández rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
Como dije en 2019, la condena estaba escrita, aseveró la exjefa de Estado y recordó que el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso, se declaró incompetente años atrás y remitió el caso a ese territorio, donde fue sobreseído.
Fernández, aseveró hoy que su “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo”.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) resucitó la causa como por arte de magia y Ercolini la trajo de vuelta. Me procesan por administración fraudulenta, pero, de acuerdo con la Constitución, el Presidente no es responsable de la administración y ejecución del presupuesto, lo cual está a cargo del jefe de Gabinete, explicó Fernández.
“A lo largo del juicio probamos que no sancioné leyes ni manejé nada. Eso es responsabilidad del Congreso. Demostramos que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en su alegato histriónico eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar los hechos, documentos, pericias y testimonios, no pudieron”, añadió.
Fernández aseveró que esta no es una condena por la Carta Magna, las leyes administrativas o el Código Penal, sino que tiene su origen en un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales.
“Ingenuamente hablé de lawfare, pero esto no es persecución judicial, es un Estado paralelo y una mafia”, aseveró.
Además, denunció los vínculos de jueces y fiscales con Macri y la participación de Ercolini y otros funcionarios en un viaje privado pagado por el Grupo Clarín.
Source: PL
