Pese a un amplio operativo policial, miles de personas se congregaron este miércoles en los alrededores del Palacio de Justicia de Argentina, en esta capital, para expresar su rechazo a las medidas del Gobierno de Javier Milei.
Con lemas como “La patria no se vende”, “El pueblo unido jamás será vencido” y “Milei, eres la dictadura”, integrantes de la Confederación General del Trabajo, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, la Unidad Piquetera y la Asociación de Trabajadores del Estado demandaron a la Justicia rechazar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario.
También asistieron miembros de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras.
La movilización se desarrolló de manera pacífica, pero el canal de televisión C5N reportó que un ómnibus atropelló a un policía, tras lo cual hubo un mayor despliegue de efectivos y aumentó la tensión.
Ese medio de prensa informó agresiones a los manifestantes, quienes acusaron a las fuerzas de Seguridad de provocar los enfrentamientos y detener a al menos dos personas.
También criticaron el operativo antiprotestas implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Montenegro consideró que el despliegue policial fue innecesario y de proporciones exageradas.
Pareciera que quieren un diciembre con represión cueste lo que cueste. Es vergonzoso, aseveró.
Anunciado el 20 de este mes, el DNU dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
Además, elimina la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y aprueba la transformación de todas las entidades del Estado en sociedades anónimas.
También dispone la reforma el régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina y las obras sociales, elimina las restricciones de precios a la industria y reforma el régimen de empresas farmacéuticas.
Por otra parte, los manifestantes denunciaron un plan de ajuste del Gobierno y la decisión de no renovar los contratos del Estado firmados después del 1 de enero de 2023, lo cual afectará a alrededor de 7.000 personas.
Source: Prensa Latina
