Más de seis mil israelíes donaron dinero para una campaña que tiene como objetivo liberar a Amiram Ben Uliel, quien asesinó a una familia palestina en 2015, incluido un niño de 18 meses, reportó el jueves la prensa nacional.
Los promotores ya recaudaron 1,2 millones de séqueles (unos 315.000 dólares), suma que incluye fondos de rabinos de extrema derecha y del grupo ultranacionalista homofóbico y antiárabe Lehava, destacó el diario The Times of “Israel”.
Ben Uliel fue declarado culpable en 2020 de tres cargos de asesinato, dos de intento de asesinato, incendio provocado y conspiración para cometer un delito por motivos raciales, como parte de un acto terrorista.
Cumple tres cadenas perpetuas más 20 años por el atentado con bomba incendiaria en la aldea cisjordana de Duma, en el que murieron Riham y Saad Dawabsha junto con su hijo de 18 meses, Ali Saad.
Otro niño de cinco años de la pareja, Ahmed, sobrevivió al ataque terrorista, pero sufrió graves quemaduras.
El rotativo resaltó que la campaña para anular su condena fue bautizada como “Amiram también merece justicia”.
Hace unos días, el legislador ultraderechista Limor Son Har-Melech calificó de “varón santo y justo” al asesino durante un evento de recaudación de fondos y afirmó que era inocente.
El exparlamentario Moshe Feiglin, el jefe de Lehava, Bentzi Gopstein, el cantante conservador Ariel Zilber y los rabinos de extrema derecha Dor Lior, Elyakim Levanon y Yehuda Shapira aportaron dinero, subrayó la publicación.
El Canal 12 informó que la oficina del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, negó los rumores en las redes sociales de que había contribuido al fondo.
Junto con el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, Smotrich es una de las figuras más radicales del Gobierno ultraderechista encabezado por Benyamin Netanyahu.
El ministro del Interior, Moshe Arbel, “lamentó profundamente” los comentarios de Son Har-Melech.
Según la emisora pública Kan, la esposa de Ben Gvir afirmó que su marido trabaja para mejorar las condiciones carcelarias de Ben Uliel, incluido acceso a teléfonos y a libros.
Source: Prensa Latina
