El gobierno golpista en Sudán guardó silencio absoluto este miércoles sobre la prolongación hasta marzo de 2023 de las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La prensa local dedicó amplios espacios a la aprobación por unanimidad de la resolución que extiende el mandato del panel de expertos para el régimen de sanciones a Sudán y la zona de Darfur, adoptada la víspera en Nueva York.
Sin embargo, no muestra reacciones de la junta militar encabezada por el general Abdel Fattah al Burhan, quien encabezó un golpe de Estado el 25 de octubre del año pasado.
De esta forma, la resolución 2620 prorroga la activación del Grupo de Expertos hasta el 12 de marzo de 2023, cuando el organismo de 15 miembros volverá a analizar el tema en busca de alguna evolución.
Las autoridades de la ONU sostuvieron que las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad ahora son más selectivas y están diseñadas para limitar las consecuencias humanitarias no deseadas.
El portavoz del máximo representante de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, dijo este lunes que en Sudán ya concluyó la primera fase de las consultas facilitadas por el organismo multilateral para avanzar en un proceso político. La mediación fue rechazada por diversos partidos políticos opositores.
Esta primera etapa comenzó el 8 de enero pasado y reunió a una variedad de sectores, incluida la sociedad civil, grupos de derechos de las mujeres, partidos políticos, académicos, periodistas y otros, señaló el vocero.
Sudán vive una crisis política desde el derrocamiento en abril de 2019 del entonces presidente Omar al Bashir, que se profundizó con la asonada de al Burhan, que encabeza el Consejo Soberano de Transición, la máxima instancia hasta la probable celebración de elecciones en 2023.
Pero en estos tres meses desde la asonada cientos de manifestantes exigieron el retorno de los militares a los cuarteles y el establecimiento de un gobierno civil. Las protestas dejaron ya 81 civiles muertos, de acuerdo con el conteo del Comité Central de Médicos Sudaneses, una entidad no gubernamental opuesta a la junta militar.
Nombrados en 2005, los expertos actúan bajo la dirección del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad en relación con el embargo de armas en la región de Darfur, la prohibición de viajar y la congelación de activos.
Encargado de supervisar las violaciones cometidas en Darfur por todas las partes, el grupo mostró en su más reciente informe la continuación de la violencia intercomunitaria y de los ataques a los campos de desplazados internos en los que participaron milicianos del gobierno, acusados de cometer crímenes de guerra.
Además, a pesar de la firma de un acuerdo de paz en octubre de 2020, los grupos firmantes continúan con sus actividades mercenarias en Libia e introducen armas en el oeste de Sudán, en violación de la resolución 1951 (2005).
El gobierno de transición de Sudán (del ahora renunciante primer ministro Abdallah Hamdok) solicitó el año pasado la revisión de las sanciones en Darfur y el cese del grupo de expertos.
Hamdok renunció a comienzos de este año al alegar la imposibilidad de formar gobierno ante las presiones de los militares. Fue arrestado por al Burhan durante la acción militar y liberado el 21 de noviembre del año pasado tras un acuerdo para la continuación de la transición.
Source: Prensa Latina
