Un estado de incertidumbre continúa dominando la política en Túnez, ya que el país permanece efectivamente sin gobierno un mes después de que el presidente Kais Saied despidiera abruptamente a su primer ministro. El presidente ha extendido ahora de forma indefinida la suspensión del Parlamento
La inesperada intervención de Saied el mes pasado le otorgó un poder ejecutivo, pero molestó amargamente a sus oponentes, quienes denunciaron la medida como un golpe de Estado.
El lunes, la oficina de Saied emitió “un decreto presidencial que extiende las medidas excepcionales … en relación con la suspensión del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de sus diputados hasta nuevo aviso”.
El presidente se dirigirá a la nación en los próximos días, dijo el comunicado, sin brindar más detalles.
Se espera que anuncie nuevas medidas que tranquilizarían a un público tunecino sumamente ansioso y aliviarían las preocupaciones internacionales sobre la entrada de Túnez en una era autoritaria.
Saied destituyó al primer ministro Hichem Mechichi y suspendió el parlamento durante 30 días en julio, luego de protestas masivas en varias ciudades contra el manejo del gobierno de la pandemia de la COVID-19.
El partido político más grande de Túnez, Ennahda, denunció la medida como un “golpe”, pero Saied en ese momento argumentó que su decisión estaba destinada a salvar a Túnez del colapso.
Dijo que asumiría la autoridad ejecutiva “con la ayuda” de un gobierno cuyo nuevo jefe nombraría personalmente.
Desde entonces, las autoridades han puesto a varios funcionarios, incluidos ex ministros, bajo arresto domiciliario. Varios políticos, legisladores, empresarios y jueces también dicen que se les ha prohibido viajar al extranjero.
Además de hundir al país en un limbo político, los últimos acontecimientos han exacerbado la polarización política en Túnez.
Los críticos del presidente han denunciado las medidas como “arbitrarias” e “injustificadas”.
Muchos, sin embargo, han apoyado al presidente, defendiendo su decisión de despojar a los legisladores de su inmunidad, según el artículo 80 de la Constitución, que permite medidas excepcionales si existe un “peligro inminente” para la seguridad nacional.
Source: Agencias
