Un juez norteamericano ha fallado en contra de una petición saudí para rechazar las demandas contra el reino wahabí por parte de las familias y víctimas de los atentados del 11 de Septiembre de 2001. Esto podría llevar a que Arabia Saudí tenga que pagar decenas de miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y pone en una posición incómoda a Donald Trump, que ha aprobado ventas de armas multitudinarias a ese país.
El juez de Distrito de EEUU, George Daniels, dijo en Manhattan, Nueva York, el miércoles que las alegaciones de los demandantes tenían “una base bastante razonable”.
Daniels ha sido encargado de valorar las demandas contra Riad de las familias de las víctimas mortales y de 25.000 personas heridas o que sufren enfermedades, como cáncer, derivadas de los atentados, que causaron la difusión de millones de partículas tóxicas entre la población de Nueva York. Entre los demandantes figuran también los propietarios de empresas y oficinas que tenían su sede en las Torres Gemelas o las inmediaciones y empresas de seguros.
Existen numerosas evidencias que conectan a agentes de inteligencia saudíes con los terroristas del 11-S. Los demandantes señalan, por ejemplo, que la Embajada saudí en Washington pagó los billetes de dos terroristas saudíes que viajaron desde la ciudad de Phoenix a Washington cuando iban a llevar a cabo los ataques. Un agente de inteligencia saudí ayudó a buscar alojamiento a otros dos terroristas en Los Angeles y pagó su estancia allí, entre otros ejemplos.
James Kreindler, abogado de muchos de los demandantes, dijo en una entrevista telefónica: “Estamos satisfechos de que el juez Daniels desestimara la petición saudí de rechazar las demandas. Hemos estado presionando para llevar adelante el caso contra el Reino de Arabia Saudí para que toda la historia de los atentados del 11-S salga a la luz y quede de manifiesto el papel saudí en los mismos”.
Unas 3.000 personas murieron en los atentados del 11-S. Quince de los 19 secuestradores de los aviones eran saudíes.
En el caso de una condena, esta pondría en una posición incómoda a la Administración Trump, que vería difícil justificar la venta de una gran cantidad de armas a los mismos que apoyaron la realización de los mayores atentados terroristas en suelo norteamericano.
Source: Agencias
