Los 460.000 millones de dólares que Donald Trump afirma haber conseguido de Arabia Saudí en forma de contratos de armamento puede ser una cifra modesta si se compara con el monto de dinero que las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York y sus familiares esperan obtener mediante sus demandas contra el reino wahabí.
El martes, las autoridades saudíes pidieron a un juez estadounidense en Nueva York que rechazara las 25 demandas interpuestas, entre otros, por los familiares de las 3.000 víctimas del World Trade Center y por los 20.000 heridos que acusan a Arabia Saudí de ayudar a planear y ejecutar los atentados y exigen una compensación a ese país.
El argumento del gobierno de Arabia Saudí es que los que han interpuesto tales demandas no pueden probar que el régimen saudí ni ninguna de sus organizaciones caritativas hayan planeado esos ataques y que, además, el reino disfruta de una inmunidad como entidad soberana extranjera.
Estas demandas, que se están incrementando con el paso del tiempo, se basan en la legislación aprobada recientemente por el Congreso de EEUU, que permite que los patrocinadores del terrorismo puedan ser demandados ante tribunales estadounidenses, aunque las compensaciones sólo podrían ser pagadas con base a los bienes que éstos posean en EEUU.
Además de Arabia Saudí, los EAU han sido objeto de demanda, debido a la participación en los atentados de uno de sus ciudadanos, Maruan Yusuf al Shehi. También Qatar, que difundió en el canal Al Yazira vídeos de Osama bin Laden, el líder de Al Qaida, albergó en su territorio un arquitecto de los atentados, Jalid Sheij Mohammed, y facilitó su huida antes de que una unidad del FBI llegara a Doha para arrestarlo.
Las firmas de abogados que llevan las demandas no han recibido ningún pago anticipado de sus clientes -las familias de las víctimas y los heridos, las compañías de seguros, líneas aéreas, los propietarios del World Trade Center (las Torres Gemelas) etc- y actúan sólo en base a una comisión proporcional a lo que se consiga.
Las grandes firmas de abogados sólo aceptan tales casos si creen que hay una gran posibilidad de ganar. También saben que los países acusados poseen una gran cantidad de fondos de inversión por valor de dos billones de dólares y una gran proporción de ellos están invertidos en EEUU.
Las pruebas que los abogados han utilizado para justificar sus alegaciones contra Arabia Saudí en particular es que dos de los perpetradores estuvieron en contacto con la Embajada saudí en Washington y recibieron asistencia financiera de la misma. Un agente de inteligencia saudí, Omar al Bayumi, se reunió con dos secuestradores en San Diego y fue encargado de ayudarles a encontrar un apartamento y abrir una cuenta en un banco.
Las demandas de compensación equivalen a 4 billones de dólares, o incluso más, una gigantesca cantidad que Arabia Saudí tendría dificultad en pagar a la luz de la caída de los precios del petróleo y la erosión de las reservas de divisas debido a su enorme déficit financiero. El gobierno saudí podría tener que vender Aramco y otras compañías estatales para pagar sólo la mitad de esa cantidad, si las estimaciones de los expertos son correctas.
Los tres países del Golfo Pérsico hacen ahora frente a una costosa y larga batalla legal, lo cual puede formar parte de un plan para “ordenar la vaca” saudí hasta el último dólar, en expresión del propio Donald Trump.
Éste es el premio ofrecido por EEUU a estos países aliados, que han apoyado a Washington en todas sus guerras, financiándolas y abriendo su territorio a las bases estadounidenses. Éste no es, sin embargo, el dinero de la familia real, sino del pueblo de Arabia, que sufrirá de pobreza y crisis económicas para pagar el deseo de dicha familia de comprar mediante pagos multimillonarios la protección y el apoyo de sus patrocinadores occidentales para su dictadura.
Source: Agencias y sitios web
