Irán, Bielorrusia, China, Cuba, Myanmar, Nicaragua y Rusia condenaron el impacto de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos y la cooperación internacional, afirmando que los Estados que imponen tales medidas restrictivas ilegales deben rendir cuentas.
La declaración conjunta fue leída por el Director General de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Bagherpour Ardekani, durante la 13.ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, también conocida como Convención de Palermo), celebrada el miércoles en Viena, capital de Austria.
«Los Estados que adopten, impongan, mantengan o promulguen medidas coercitivas unilaterales deberán rendir cuentas por las trágicas consecuencias de tales acciones ilegales e ilegítimas», declararon los siete países.
Expresando su profunda preocupación y firme oposición a las sanciones, en particular a aquellas con efectos extraterritoriales, también subrayaron que dichas prohibiciones son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Añadieron que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una clara injerencia en los asuntos soberanos de los Estados y socavan el multilateralismo y la cooperación internacional.
Advirtieron que las sanciones ilegales menoscaban la capacidad de los países para combatir la delincuencia organizada transnacional al restringir su acceso a servicios financieros, equipos esenciales, tecnología, asistencia técnica y programas de desarrollo de capacidades.
Asimismo, los siete países destacaron que las sanciones secundarias y el excesivo cumplimiento de dichas restricciones por parte de las instituciones financieras han creado obstáculos adicionales para la cooperación judicial y la implementación de planes nacionales y regionales para combatir la delincuencia organizada.
También exigieron el levantamiento inmediato, completo e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales.
Además, los firmantes de la declaración advirtieron que la imposición continua de sanciones ilegítimas tiene consecuencias devastadoras y, en ocasiones, fatales, ya que exacerban las crisis humanitarias y económicas, poniendo en peligro la seguridad alimentaria, energética y financiera de los países afectados.
Instaron asimismo a todos los Estados a abstenerse de reconocer o aplicar medidas coercitivas unilaterales y a adoptar las medidas legales y administrativas necesarias para contrarrestar sus efectos extraterritoriales.
Fuente: Diversas